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Buenos Aires: Cinco meses de la emergencia en seguridad

Buenos Aires: Cinco meses de la emergencia en seguridad
septiembre 22
00:02 2014

A cinco meses del decreto de emergencia de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, un balance de los resultados de las políticas implementadas.

Dicho decreto consistió en destinar un presupuesto extraordinario de 600 millones de pesos a las fuerzas de seguridad, congregando a policías retirados y a personal de la seguridad privada a prestar colaboración, incrementando los operativos de seguridad en la vía pública a fin de saturar el territorio. Además preparó el escenario necesario para el tratamiento del proyecto para la creación de policías municipales, la creación de fiscalías descentralizadas, un proyecto para limitar las excarcelaciones y la puesta en funcionamiento de ocho alcaldías y cuatro unidades penitenciarias nuevas con capacidad para 2000 presos.

En palabras del gobernador Scioli “esta declaración de emergencia servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes. Tenemos que ser dinámicos para perseguir, atrapar y encarcelar a los criminales”.

De abril a junio, es decir a dos meses de la implementación del mismo, fueron detenidas 15.900 personas; hubo 154 enfrentamientos que dejaron un saldo de 62 personas heridas, 35 “delincuentes abatidos” y 17 víctimas fatales; se hicieron 1.939 operativos contra el narcotráfico; se redujeron los robos un 21%, pasando de 4.316 a 3.408; se recapturaron 976 autos de los 8.341 que fueron sustraídos; se incautaron 121 motocicletas a través de los operativos anti-motochorros; se secuestraron 73 armas; se puso en funciones a 900 efectivos que estaban retirados; se compraron 1.700 vehículos móviles y se pusieron en funcionamiento Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) en 20 Municipios de la Provincia.

Luego de estos primeros meses vemos que los “resultados” del decreto de emergencia agravan la situación de seguridad que pretendía solucionar. Lejos de abordar el problema de manera multicausal, como aseguraba Scioli en la presentación del decreto, este plan no hizo más que reforzar el policiamiento de la seguridad y el encarcelamiento masivo, políticas que ya se venían desarrollando. Es decir, se focalizó y apuntó a aumentar la presencia policial en la calle, a buscar la solución al problema únicamente en las fuerzas policiales sabiendo que eso implica no sólo más poder para la policía, sino también más armas circulando, más violencia “autorizada”.

Otro punto controversial del decreto tiene que ver con la convocatoria inmediata del personal retirado, ya sea por jubilación o por sanción disciplinaria, de la Policía Bonaerense y del Servicio penitenciario. Esto implica que el mismo Ministerio de Seguridad que en algún momento expulsó a un policía sancionado por corrupción o por abuso de la fuerza policial, hoy en día es convocado nuevamente para “combatir el delito”. Al mismo tiempo, tampoco especifica a través de qué mecanismos y a quiénes van a llamar en esta “reincorporación” de personal.

Si bien el decreto de emergencia en seguridad se anunció como una solución novedosa ante la problemática del delito, éste parte de un diagnóstico poco preciso sobre la situación marcando una línea de continuidad en las políticas punitivas ya conocidas en el territorio bonaerense. En primer lugar continúa con la política de prisionalización y empeorando las condiciones de encierro en la provincia manifestándose con la apertura de cuatro unidades penitenciarias con capacidad para 2000 personas. En segundo lugar, al otorgarle más poder a la Policía Bonaerense aumenta la discrecionalidad policial, desde abril a junio del corriente año de los 338 “enfrentamientos” de civiles con la policía 76 personas civiles murieron en manos de la fuerza de seguridad provincial. Y, en tercer lugar, profundiza una práctica cotidiana tanto de la policía como de la justicia que parte de estigmatizar a los sectores populares criminalizándolos siendo así los únicos que sufren los costos de este tipo de políticas.

A cinco meses de la puesta en marcha del decreto, Scioli y su ministro de Seguridad, Alberto Granados, consideran esta medida como victoriosa por un lado, por el aumento de la población encarcelada, aunque ya se ha demostrado una y mil veces que la cárcel no soluciona el problema de la inseguridad sino que lo agrava. Y, por el otro, legitima la policía de la provincia de Buenos aires, una de las más viciadas del país, otorgándole más poder y ampliando su marco de acción por estar frente a una supuesta “emergencia” en materia de seguridad.

 

Belén Roca Pamich y Ana Passarelli

 

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1 Comentario

  1. david
    david septiembre 22, 11:32

    Y que proponen ustedes si las cárceles no sirven, darles un plan , se dan cuenta que hablan sin tener en cuenta varios factores , primero para criticar presenten ustedes un proyecto , para luego poder comparar , pero hablar sin fundamentos es un tanto ofensivo , la verdad buscamos seguridad no consejeros que solo se la pasan criticando o repudiando la violencia , lamentablemente a los cacos no les importa nada , solo su propósito .
    Gracias

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