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Río 2016: una ciudad lacerada por los Juegos

Río 2016: una ciudad lacerada por los Juegos
agosto 17
01:13 2016

Por Luis Carlos de Alencar*, desde Río de Janeiro. El 2 de octubre de 2009, la ciudad de Río de Janeiro fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2016. El rastro de destrucción de la antorcha olímpica, sin embargo, llegó mucho antes.

Entre 2009 y 2015 más de 22 mil familias fueron desalojadas para la construcción de parques deportivos u obras viales ligadas a los Juegos y cuando no se podía encuadrar en esos casos la justificación para el desalojo fue el riesgo ambiental. Más de 77 mil personas perdieron sus casas y los reasentamientos, cuando sucedieron, fueron hacia barrios periféricos, apartados 70 kilómetros del centro de la ciudad, con insuficiente cantidad de escuelas, hospitales y mercados para la nueva población.

Además, las áreas residenciales a las que fueron desplazadas decenas de miles de familias, la zona Oeste de Río de Janeiro, se encuentra dominada por integrantes de las diversas policías, el Ejército, agentes penitenciarios y toda una serie de miembros de las fuerzas represivas institucionales.

Más allá del proceso de remoción, los poderes públicos de la ciudad actualizaron sus tradicionales mecanismos de control urbano para la preparación de los Juegos Olímpicos, agravando así una actuación históricamente violenta, ampliando el proceso de militarización y confinamiento en los barrios periféricos y favelas, cuya población, no por casualidad, es mayormente negra. Las instalaciones de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), presentadas como innovación en las políticas de seguridad pública para las favelas, significaron medidas de invasión y ocupación, de implantación de bases policiales y de práctica de terrorismo de Estado con amenazas, agresiones físicas y asesinatos como modo de gestión de las personas y del espacio.

El saldo de estas políticas entre 2009 y 2015 (notoriamente subdenunciado) fue de más de 2500 muertos por obra de la policía en la ciudad maravillosa.

Con los JJOO, las UPPs actuaron como importante instrumento de control de las áreas próximas a las locaciones centrales de los juegos, pero también funcionaron como impulsores de procesos más sutiles, pero no por eso menos efectivos, de remoción de la población negra de los morrros de la Zona Sur carioca: con la ocupación militar de las favelas también llegó una cierta sensación de seguridad que implicó la cobranza regular de servicios de luz e internet, así como aumento de alquileres y del valor de los inmuebles.

Blancos de clases favorecidas comenzaron a comprar propiedades en las favelas y a construir emprendimientos orientados al turismo y el entretenimiento (hoteles, restaurantes y discos). Eso terminó por ocasionar un aumento del costo de vida que dificultó la permanencia de los antiguos moradores, trabajadores de bajo poder adquisitivo. La gentrificación tuvo un impacto contundente en la llamada “remoción blanda” de un significativo contingente, en su mayoría negro, que hace casi un siglo construyó y resistió en los morros, áreas depreciadas de la ciudad que hoy se volvieron objetivos del capital inmobiliario.

Las UPPs no fueron las únicas formas de control territorial urbano de la ciudad: el Ejército brasileño, bajo el comando del Gobierno Federal, invadió Maré, un complejo de favelas cercano al aeropuerto internacional. De esta intervención se derivaron múltiples denuncias de violaciones y muertes, así como personas mutiladas o con secuelas psicológicas. Sostener esta presencia del Ejército durante 15 meses le costó a las arcas públicas casi 600 millones de reales, mientras que los gastos de la prefectura en el área social durante seis años fue de apenas la mitad: 303 millones.

Con la proximidad de los JJOO (como sucedió en vísperas del Mundial de fútbol) la práctica de torturas y ejecuciones aumentó considerablemente, revelando sin dificultades la relación intrínseca entre realización de estos eventos y violencia del Estado.

La antorcha llega a Río: ¡que empiecen los Juegos!

Entre el 3 de mayo y el 4 de agosto la antorcha olímpica cruzó más de 300 ciudades del país en manos de más de 12 mil portadores. A su paso hubo diversas las manifestaciones de protesta en por lo menos 60 ciudades brasileñas. En el mismo período, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, declaró el “Estado de calamidad pública” y afirmó que no habría recursos para garantizar la seguridad necesaria para los JJOO. Como reacción, el prefecto de la ciudad de Río, Eduardo Paes, promete que “Río será la ciudad más segura del mundo”, mientras que el ministro de Defensa del gobierno interino, Raul Jugmann, manifiesta su compromiso de que “en Río no va a faltar seguridad”. El resultado fue la asignación de más de 85 mil efectivos, entre Fuerzas Armadas y policiales,para un escenario de militarización sin precedentes en la ciudad.

Cuando la antorcha llegó al Estado de Río de Janeiro se pudieron ver las más claras demostraciones de descontento, con el telón de fondo de una grave crisis financiera y el incumplimiento del pago a los funcionarios públicos, resultado de años y años de administración irresponsable, corrupta y demagógica, sumados al pillaje que ocasionaron los JJOO. En São Gonçalo, Ilha Grande, Niterói, Angra dos Reis y en la misma ciudad de Río, en el barrio de Copacabana, las protestas terminaron por impedir el paso de la antorcha olímpica.

Y el 3 de agosto, cuando la antorcha ya estaba en la región metropolitana de Río, se produce la represión más violenta: una manifestación de profesores y estudiantes de la educación pública son reprimidos por el Batallón de choque de la Policía Militar de Río de Janeiro con balas de goma, bombas de “efecto moral” (de estruendo) y gas pimienta. Una niña de diez años resulta internada luego de ser alcanzada por una bala de goma.

A partir de ese día y durante todos los Juegos se lanzaron megaoperativos policiales por toda la ciudad, desparramando miedo y muerte por barrios de mayoría negra, como el complejo de favelas Maré:

Foto 1

Foto: Colectivo Maré Vive

La favela Bandeira 2:

Foto 2

Foto: Carlos Cout

El complejo de favelas de Alemão:

Foto 3

Coletivo Ocupa Alemão: Favela/Quilombo

La favela de Acari:

Foto 4

Foto: Mutirão Rio 2016

El pasado 12 de agosto, cerca de 150 estudiantes de entre 16 y 19 años organizaron una manifestación para denunciar la falta de inversiones en servicios públicos tales como hospitales y escuelas, en contraste con el inconmensurable gasto que implicaron los JJOO. Fueron bárbaramente reprimidos, heridos y detenidos, a pesar de ser menores de edad.

El sentimiento que predomina en la actualidad es el de que nos encontramos en una ciudad secuestrada. ¿Cuál sería el precio del rescate por nuestra libertad?

La realización de los Juegos en 2016 no inaugura el terrorismo de Estado como modo de gestión de la ciudad en Río, pero sí lo perfecciona, al tiempo que recrudece e intensifica el autoritarismo político y la militarización del imaginario y de las relaciones sociales, el saqueo de los recursos públicos y los instrumentos represivos y de genocidio racial.

Cada podio será construido sobre una pila de cadáveres negros y las medallas serán amarillo miedo, gris cadáver y rojo sangre. Los campeones serán los que logren llegar vivos al fin de agosto. ¿Y qué nos queda como legado olímpico?

Como escribió la poetisa y militante Elaine Freitas: “La lucha es nuestro único legado”.

 

*Documentalista, director de la miniserie Cuenta regresiva, en la que en 4 episodios se narra el impacto de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y realizador de Couro de Rato y Justiça Global.

 

 

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