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¿Qué busca el gobierno con la baja de la edad de imputabilidad?

¿Qué busca el gobierno con la baja de la edad de imputabilidad?
enero 04
21:10 2017

El miércoles 4 de enero se conoció una nueva propuesta del gobierno de Mauricio Macri: buscarán bajar la edad de imputabilidad a partir de la reforma del Régimen Penal Juvenil. Así lo informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en declaraciones a Radio Nacional.

“La posición del gobierno es que hay una situación en la franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, manifestó Garavano en referencia a la actual edad de imputabilidad. Para el ministro, la ley actual es “paternalista” y eso debe ser modificado.

Las afirmaciones del ministro no son casuales: se producen a pocos días del asesinato del adolescente Brian Aguianco, que conmovió al barrio de Flores y devino en una toma de la Comisaría N°38. Aunque todavía no se ha establecido quienes fueron los asesinos, algunos testigos coinciden en la participación de un menor en los hechos.

La respuesta del gobierno ante este episodio que evidencia una trama de vinculaciones entre la policía que actúa en la zona, los delitos que allí se producen y el narcotráfico que opera en las inmediaciones de la Villa 1.11.14 -elementos denunciados por los propios vecinos-, es la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad.

Garavano reconoció que hay sectores que no están de acuerdo con esta medida, entre quienes destacó a “la gente de Unicef”.  En pocas horas, Unicef emitió un comunicado en el que alerta sobre la situación de los jóvenes privados de su libertad y se opone a la propuesta del gobierno. El organismo para la niñez de las Naciones Unidas entiende que la normativa vigente -el Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980- que establece que los adolescentes entre los 16 y los 18 años de edad son punibles penalmente, implica que los jóvenes “tienen menos garantías procesales que los adultos”.

Por lo tanto, Unicef considera que es necesaria “la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos especificó que para llevar adelante la propuesta se creará una Mesa de Debate, y agregó que la idea es comenzar “una discusión seria” durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones”, en referencia a los comicios legislativos.

Sin embargo, no se trata de la primer medida del gobierno de Cambiemos para reducir los derechos de los adolescentes. En el mes de mayo, el Servicio Penitenciario Federal buscó avanzar en el traslado de jóvenes a centros penitenciarios de adultos.

Según el “Relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal 2015” elaborado por Unicef y la Secretaría de Adolescencia, Niñez y Familia (SENAF), con los datos más actuales, en el país hay 3908 jóvenes privados de su libertad. El 89,5% de ellos tienen entre 16 y 17 años. El 80% de ellos son acusados de haber cometido un delito pero están detenidos sin condena. El 63% está preso por delitos menores que no incluyeron el uso de la violencia.

Un informe de Crisol Proyectos Sociales publicado en diciembre de 2016 demostró que el 60% de las noticias que hablan de adolescentes aparecen en la sección Policiales y están asociadas a delitos, como causantes de violencia. Sin embargo, apenas el 3,2% de los homicidios que tienen lugar en el país son cometidos por adolescentes. El 71% de las notas destacan el barrio donde los jóvenes viven.

Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo que trabaja por los derechos de niños y niñas, manifestó a Notas que “la discusión en realidad es mucho más profunda y peligrosa” y tiene que ver con “el hecho de plantear que el problema de la inseguridad que estamos teniendo, y que es innegable, proviene de que haya chicos que estén delinquiendo”.

Para Taffetani, “cuando saltan estos hechos (en relación al caso de Brian Aguianco) es que necesitan cambiar el eje. No dejan de ser siempre dolorosas las muertes y el hecho de que en nuestra sociedad sucedan estas cosas. Pero lo que sí no podemos permitir es pensar que esto es obra de que ‘algunos niños locos’ salen a delinquir”.

Y profundizó: “Lo que sucede es que hay una sociedad que está armada para esto. Justamente en el tema de los chicos lo más difícil ha sido lo que ya hemos visto con el caso de Luciano Arruga, de lo que sucede en la Villa 1.11.14. Los chicos en realidad son víctimas del delito y del entramado del narcotráfico que la policía y el Poder Judicial, con su impunidad, han construido”. “Realmente son cárceles mucho peores de las que podemos imaginar cuando se habla de una ley de baja de la edad de imputabilidad”, agregó.

“Creo que ya es hora de que hablemos seriamente del tema, de la sociedad que hemos construido: del paco, del hambre, de una sociedad de mercado y de consumo en la cual nuestros jóvenes no pueden verse de otra manera que no sea ‘teniendo’”, dijo Taffetani en relación a la realidad en la cual crecen los jóvenes.

E instigó: “¿No tenemos algo que ver con esta sociedad que construimos? Nuestras generaciones tienen un deber muy importante que es la de construir los puentes para las que vienen. Y esos puentes no pueden ser otra cosa que un país diferente, un país para todos. Un país donde el bienestar de todos sea tan importante como el de cada uno”. “Sino no hay modo de que podamos salir de este infierno”, completó, “y, por supuesto, la baja de imputabilidad no es el tema, creo que ya lo sabemos”.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan

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