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Violencia y represión en una comunidad mapuche de Chubut

Violencia y represión en una comunidad mapuche de Chubut
enero 10
20:24 2017

Este martes 10 de enero, por la mañana, cientos de gendarmes cortaron todos los accesos al Lof en resistencia del Departamento Cushamen y accedieron violentamente al territorio de la comunidad mapuche para liberar las vías del tren turístico La Trochita. Hubo denuncias de represión, heridos y detenidos desaparecidos.

En marzo del año 2015 varias familias de la zona realizaron una recuperación en tierras de una de las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que desde los ’90 pertenece al empresario italiano, Luciano Benetton, quien posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia argentina.

En aquella oportunidad, mediante un comunicado público la comunidad sostuvo que “la única manera de frenar el asesinato planificado desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”. La respuesta del magnate extranjero fue denunciarlos penalmente por usurpación, y desde entonces las amenazas e intentos de desalojo fueron permanentes.

En noviembre de 2015, la comunidad denunció que durante la madrugada un auto se detuvo sobre la ruta 40 realizando disparos. En mayo del año pasado, los integrantes del Lof sufrieron otro episodio de violencia en manos de la policía provincial, Gendarmería y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en el marco de un intento de desalojo. En aquel entonces la comunidad denunció que el operativo se realizó sin mostrar orden judicial y que los detenidos fueron trasladados en autos sin identificación.

Ahora, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó despejar las vías de La Trochita mediante un importante despliegue de gendarmes. A la vez, en simultáneo con el procedimiento de Gendarmería, la policía provincial allanó el Lof por orden del juez José Colabelli (que fue destituido en 2004 por el Consejo de la Magistratura debido a su actuación en el desalojo de la comunidad Fermín en Vuelta del Río y restutido en 2010 por la Corte Suprema provincial), por presunto abigeato (hurto de ganado).

El resultado de estas decisiones judiciales fue un violento episodio que culminó con miembros de la comunidad heridos y tres detenidos que estuvieron desaparecidos durante horas, hasta que fueron trasladados a la Unidad 14 de Esquel. Ahora se encuentran a disposición del Juzgado Federal y serán indagados este miércoles.

Integrantes de la comunidad denunciaron en los medios que “entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo. Eran alrededor de 200 gendarmes y dos drones para reprimir a una comunidad de diez adultos y cinco chicos. Nos tratan de indios terroristas que queremos sembrar el pánico y ahora el pánico lo instalan ellos”.

Desde el Juzgado Federal de Esquel se emitió un comunicado informando que el allanamiento “fue ordenando al sólo efecto de remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita e identificar a las personas que se encuentran imputadas de la comisión del delito previsto en el art. 194 del Código Penal”.

Según el juzgado esta acción fue resuelta a partir de una inspección judicial que en diciembre sobrevoló la zona y constató la existencia de obstáculos que impedían la circulación del ferrocarril en cuatro puntos de las vías. Asimismo, el comunicado aclara que “la medida no está destinada a hacer cesar la ocupación que está realizando en el lugar desde marzo de 2015 el Lof en Resistencia del Departamente Cushamen, cuyo eventual carácter delictivo y las responsabilidades penales que correspondan son materia de investigación y decisión de las autoridades judiciales provinciales”.

La comunidad declaró en los medios que ya habían tenido instancias de diálogo con funcionarios de la provincia y los empresarios que manejan el tren y ya habían acordado levantar las barricadas a condición de que les avisaran cada vez que pasara el ferrocarril. De hecho, uno de los reclamos del Lof es que los habitantes de las comunidades indígenas de la zona puedan usar el tren para movilizarse, ya que actualmente el mismo solo tiene fines turísticos.

El episodio vivido en Cushamen vuelve a poner sobre la mesa la violencia y represión que sufren los pueblos indígenas en manos de fuerzas de seguridad que protegen los intereses de los grandes terratenientes y empresas multinacionales. A su vez, esta violencia busca justificarse a partir de la construcción mediática de un relato que se repite en diferentes zonas de Patagonia y que estigmatiza a los mapuche como terroristas que ponen en peligro la “paz social”.

Este discurso no es nuevo sino que presenta una evidente continuidad con aquel construido una vez culminada “la Conquista del Desierto”, a partir del cual los mapuche se convirtieron en “no-propietarios” en oposición a “los privados”, muchos de ellos extranjeros. Esta violencia estructural y cultural ha perdurado en el tiempo y sirve para justificar actualmente la persecución y la represión.

De hecho, lo más complejo de las luchas indígenas por territorio es que ponen en cuestión la idea de propiedad privada, base del sistema capitalista, impuesto en la Patagonia mediante un genocidio. Esto lleva a que muchas disputas territoriales se busquen dirimir en función de quién fue el último que compró la tierra, cuando justamente la forma de incorporar a los mapuche al Estado fue no reconociéndoles la propiedad de las mismas, permitiendo que actualmente se los pueda denominar como usurpadores y se los trate de desalojar violentamente.

Al igual que sucede con los manteros en Once, la posibilidad de represión y desalojo se construye, sostiene y justifica en este discurso deslegitimante, en el que estos grupos son acusados de cometer actos ilícitos. Así funcionan los diferentes niveles de disciplinamiento para convencernos de que las víctimas son merecedoras del castigo.

Florencia Trentini, doctora en Antropología (UBA) – @flortrentini

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