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CCD El infierno: piden juicio oral para Etchecolatz, Smart y cuatro policías

CCD El infierno: piden juicio oral para Etchecolatz, Smart y cuatro policías
febrero 27
20:29 2017

La causa es por las 62 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención “El infierno” y tiene sólo seis acusados. Entre ellos Jaime Smart, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Bonaerense.

La Brigada de Investigaciones de Lanús estaba ubicada en la calle 12 de octubre al 324 de la ciudad de Avellaneda. Los represores la llamaban “El infierno”. La acusación formulada por la fiscalía explica que “se encontraba ubicada estratégicamente, de manera más o menos equidistante entre los centros clandestinos de detención que funcionaron en la subcomisaría de Don Bosco (CCD ‘Puesto Vasco’) y la Brigada de Investigaciones de Quilmes (CCD ‘Pozo de Quilmes’). De hecho, las detenidas y detenidos desaparecidas/os que pasaron por estos dos últimos centros clandestinos de detención, también estuvieron confinados en ‘El Infierno'”

Los fiscales describen el CCD “El Infierno” como un lugar donde “se practicó la tortura sistemática en condiciones de detención inhumanas, siendo la violencia sexual una modalidad integrada en el elenco de actos que convergieron en el intento deshumanizante de la persona detenida”, Marcelo Molina, Juan Martín Nogueira y Hernán Schapiro, fiscales de la causa, presentaron la acusación el 9 de febrero de este año ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata.

Entre los acusados están -además de Smart que tiene 81 años y Etchecolatz de 87- el ex director de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana y ex jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk de 83 años; los ex jefes y subjefe de la Brigada de Lanús, Bruno Trevisán de 87 años y Rómulo Jorge Ferranti de 80; y el ex cabo Miguel Ángel Ferreyro. Resulta difícil pensar que un centro clandestino de estas características haya funcionado con la fuerza de sólo un puñado de hombres.

Los delitos que se les imputan son privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio agravado. Los fiscales, en su escrito, explicaron que los hechos como “alcanzan la categoría de crímenes contra el Derecho de Gentes, ello teniendo en cuenta el carácter atroz, masivo y sistemático de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil, y el interés universal en su persecución y castigo”. Y, por ese motivo, los calificaron como “actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.

Las víctimas

La fiscalía identificó tres grupos diferenciados por la pertenencia entre las víctimas de este juicio. Doce empleados y directivos del Hotel Liberty de Buenos Aires. Dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer- de la comisión interna de Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR. De estos últimos, dos se encuentran desaparecidos: Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo. Los restos de Jaramillo fueron encontrados en 1990 en una tumba NN del cementerio de Avellaneda. Este es el único caso de homicidio agravado que se debatirá en el juicio.

En el caso de los obreros de SAIAR, tres de los trabajadores secuestrados contaron que formaban parte de un grupo que se resistía a hacer horas extras no remuneradas. Bajo tortura los represores le preguntaban si se llamaban “Juan” o “Pedro”, en referencia a una publicidad de la dictadura. “El testigo refirió -explica la fiscalía- que en la época de los sucesos había una publicidad del régimen militar sobre el Plan Económico donde se mostraban a dos personajes, Juan y Pedro, quienes hacían y no hacían horas extras, respectivamente, y por tanto, obtenían o no progresos en términos económicos”.

La fiscalía no acusó a los imputados por delitos de índole sexual -hay otra causa donde se investigan tres hechos de esas característica y los acusados son cinco de los seis que enfrentarán este juicio- y remarcó que debía visibilizarse prácticas “inescindibles de la propia situación de cautiverio en la que se encontraban las víctimas” dado que “las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual”.

Citaron, para esto, el testimonio de una sobreviviente que declaró que la “utilizaban como mujer en todo sentido” y explicó que la puerta de su calabozo permanecía siempre abierta. “Esto implicó múltiples violaciones habituales por parte de los cabos de guardia y de los integrantes de la ‘patota’, y de otros abusos sexuales, como masturbaciones sobre su cuerpo”. Los fiscales explicaron que la víctima también “relató que en una oportunidad fue utilizada para probar un dispositivo de tortura que se introducía en la vagina y causaba quemaduras en el endometrio, con el fin de que ‘no nazcan más hijos de puta'”.

El acusado civil

En relación a la responsabilidad de Smart como funcionario del gobierno de facto en la provincia de Buenos Aires, la presentación explica que “la contribución de la gobernación local y su Ministerio -cuya función y ejercicio detentaron los imputados [el fallecido Ibérico] Saint Jean y Smart, respectivamente- fue indispensable para aumentar la plena eficacia de capacidad ofensiva del plan de represión y exterminio, habida cuenta que ambos no fueron sino un sub-sistema disponible y permanente encaminado a concretar, táctica y estratégicamente, la actividad ilícita y criminal organizada”.

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